Costa Rica ante el espejo digital: El imperativo de transformar la ambición en ejecución

En la economía global del siglo XXI, la madurez digital ha dejado de ser una ventaja competitiva opcional para consolidarse como el cimiento indispensable de la resiliencia institucional y la competitividad económica. Para Costa Rica, el panorama no admite ambigüedades: el reciente informe Digital Government Outlook 2026: From Foundations to Transformational Impact de la OCDE no solo marca el pulso de la modernización estatal a nivel mundial, sino que pone al país frente a una realidad que exige una intervención política y operativa inmediata.

El diagnóstico es claro y, para quienes seguimos de cerca la evolución del país, resulta un llamado de atención urgente. Con un puntaje compuesto de 0.45 en el Índice de Gobierno Digital (DGI) 2025, Costa Rica se sitúa no solo drásticamente por debajo del promedio de la OCDE (0.70), sino también a una distancia alarmante de líderes globales como Corea (0.95) o Australia (0.88). Más preocupante aún es observar cómo países candidatos a la accesión, como Brasil o Perú, están superando la madurez digital del país, convirtiendo el rezago de Costa Rica en un punto de vulnerabilidad para su capacidad de atraer inversión extranjera directa y garantizar su sostenibilidad fiscal.

El laberinto de la “estrategia de papel”

La raíz del problema no es la ausencia de visión. Costa Rica obtiene un 0.60 en la dimensión “Digital by Design”, lo que indica que, a nivel normativo y teórico, el país comprende qué se debe hacer. El verdadero abismo se encuentra en la ejecución. Mientras que la ambición estratégica es visible, la capacidad operativa para entregar resultados tangibles al ciudadano es mínima.

Este fenómeno, que podríamos llamar la “estrategia de papel”, se evidencia en la carencia casi total de mecanismos de monitoreo. Si el promedio de la OCDE se consolida en la fase de implementación, Costa Rica permanece estancada en niveles de “pre-transformación”. La falta de una plataforma nacional de intercambio de datos funcional (con un puntaje de apenas 0.38 en “Gobierno como Plataforma”) obliga al ciudadano a realizar la labor de “integrador manual” del Estado, desplazándose de ventanilla en ventanilla para gestionar información que, en un sistema digital maduro, el gobierno ya debería poseer.

La situación se agrava al analizar el Índice de datos abiertos (OURdata). Con un puntaje de 0.14 —frente al promedio de 0.53 de la organización—, el país se encuentra en una opacidad técnica que bloquea cualquier posibilidad de innovación basada en datos. Categorías críticas, como los datos sobre contrataciones públicas y declaraciones de activos, permanecen fuera del alcance de la transparencia, impidiendo tanto la rendición de cuentas efectiva como el desarrollo de soluciones digitales que podrían surgir desde el sector privado o la academia.

Retos y oportunidades: De la inacción a la disciplina operativa

Si bien el panorama es exigente, la posibilidad de mejora no solo existe, sino que es técnicamente alcanzable si se adopta la disciplina operativa necesaria. El costo de la inacción es alto: en la economía actual, la lentitud administrativa actúa como un impuesto indirecto que resta competitividad y productivdad.

Para romper este estancamiento, el país debe ejecutar tres imperativos fundamentales:

1. Identidad Digital Soberana y Robusta: La adopción de los principios de la Recomendación OCDE 2023 es el primer paso para crear un ecosistema único de autenticación. Eliminar la fricción en los trámites no es un lujo técnico, es la base de cualquier servicio público eficiente.
2. Revolución de Datos Abiertos: Es ineludible superar el estancamiento mediante la implementación obligatoria de APIs y la publicación masiva de datasets de alto valor, particularmente en integridad y finanzas públicas.
3. Operacionalización del Principio “Once-only”: El Estado debe dejar de solicitar al ciudadano información que ya posee. Resolver el vacío de interoperabilidad mediante una plataforma nacional no es solo una recomendación; es un imperativo para dejar de tratar al ciudadano como un mensajero entre instituciones.

Costa Rica posee el talento y la visión para revertir esta tendencia. La meta para 2026 debe ser clara: transitar de la autocomplacencia normativa hacia una ejecución táctica y disciplinada. En un mundo donde la Inteligencia Artificial empieza a reconfigurar la gestión pública —y para la cual el informe advierte que, sin bases sólidas, el país quedará técnica y funcionalmente excluido—, el momento de convertir la ambición digital en un impacto transformador es ahora. El éxito en este proceso determinará si Costa Rica logrará posicionarse como un referente de ejecución digital o si, por el contrario, seguirá viendo cómo otros países le aventajan en la carrera por la competitividad y la confianza ciudadana.

Aquí puedes ver:

1. A la izquierda, la gráfica “OCDE DGI 2025: Costa Rica vs. Líderes Globales”: Esta gráfica compara directamente el puntaje compuesto de Costa Rica (0.45) con el promedio de la OCDE (0.70) y los líderes globales como Corea (0.95), visualizando la brecha que el país debe cerrar.
2. A la derecha, la gráfica “Brechas en la Madurez Digital: Costa Rica 2026”: Esta gráfica desglosa la situación interna del país. Muestra claramente la disparidad entre la buena puntuación en “Diseño Estratégico” (0.60) y las puntuaciones mucho más bajas en ejecución crítica, como “OURdata (Datos Abiertos)” (0.14) y “Gobierno como Plataforma” (0.38), que es el punto focal de los desafíos mencionados en el texto.